El Procurador de los Derechos Humanos, doctor, José Alejandro Córdova Herrera, presentó una acción constitucional de amparo ante el juzgado de primera instancia de niñez y adolescencia del área metropolitana del Departamento de Guatemala.

El motivo es la defensa de los derechos fundamentales a la vida, la salud e integridad física de niñas, niños y adolescentes bajo abrigo estatal, específicamente en el Departamento de Protección a la Niñez y Adolescencia, Víctima de Violencia Sexual con Enfoque de Género, ubicado en el municipio y departamento de Quetzaltenango.

La acción fue promovida en contra del Secretario de Bienestar Social de la Presidencia de la República, ante la omisión de medidas necesarias para garantizar atención médica oportuna y adecuada a esta población vulnerable.

Según la información recabada por medio de verificaciones institucionales, denuncias ciudadanas y medios de comunicación, recientemente se produjo un brote de enfermedad respiratoria en dicho centro, que habría causado el fallecimiento de dos recién nacidos.

El hogar, cuya capacidad es de 85 personas, actualmente alberga a más de 160 niñas, niños y adolescentes, situación que agrava el riesgo de contagio y dificulta la prestación de servicios básicos de salud. La falta de personal médico especializado, medicamentos y condiciones dignas de atención, vulnera gravemente los derechos humanos de esta población y constituye una amenaza cierta, inminente y determinada.

Con base en los principios del interés superior del niño y el derecho social a la salud, el Procurador de los Derechos Humanos solicitó al órgano jurisdiccional competente el otorgamiento de amparo provisional, para que se ordene de forma urgente a la Secretaría de Bienestar Social realizar las gestiones administrativas correspondientes que permitan subsanar las deficiencias encontradas.

Esta acción se fundamenta en la obligación del Estado de garantizar los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de la República de Guatemala, así como por tratados internacionales ratificados por el país, entre ellos la Convención sobre los Derechos del Niño.

El Procurador de los Derechos Humanos reafirma su compromiso de fiscalizar el actuar de las instituciones públicas y velar por la protección integral de la niñez y adolescencia en situación de vulnerabilidad.